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China: Archivo de los crímenes comunistas y de sus víctimas
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Las resoluciones del Parlamento Europeo sobre Xinjiang, 2019–2022: la resolución del 9 de junio de 2022 constata crímenes de lesa humanidad y un grave riesgo de genocidio

Este registro documenta la línea de resoluciones del Parlamento Europeo sobre Xinjiang: la resolución del 19 de diciembre de 2019 que condenaba la detención masiva cuando el Premio Sájarov fue concedido a Ilham Tohti, la resolución sobre trabajo forzoso del 17 de diciembre de 2020, y la resolución principal del 9 de junio de 2022, que constata que las pruebas equivalen a crímenes de lesa humanidad y representan un grave riesgo de genocidio, con su carácter no vinculante enunciado en todo momento.

Registro oficial internacional · Resoluciones del Parlamento Europeo sobre XinjiangResolución principal: 9 de junio de 2022, Estrasburgo, sesión plenariaResultado: la resolución de 2022 fue adoptada por una mayoría abrumadora; no se publicó el desglose de la votación

1. Introducción: una línea de resoluciones, y qué clase de instrumento son

Esta página registra no una resolución, sino una línea de ellas: las tres principales resoluciones del Parlamento Europeo sobre Xinjiang del 19 de diciembre de 2019, el 17 de diciembre de 2020 y el 9 de junio de 2022, cada una más severa en su lenguaje que la anterior, hasta terminar en el texto de 2022 y su constatación de crímenes de lesa humanidad y de un grave riesgo de genocidio. Las tres pertenecen a una misma página porque forman una única secuencia ascendente. El Parlamento pasó de condenar la detención masiva, a nombrar un sistema de trabajo forzoso dirigido por el Estado y exigir sanciones, a invocar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y pedir a la Unión y a sus Estados miembros que actuaran en virtud de ella. Tras cada escalada había nuevas pruebas que entraban en el dominio público, desde cables internos filtrados, a investigaciones sobre trabajo forzoso en las cadenas de suministro, a una gran filtración de fotografías y archivos desde dentro del propio sistema de detención.

El carácter jurídico de estos instrumentos debe enunciarse al principio, y esta página lo enuncia en cada punto pertinente. Resoluciones de esta clase son documentos políticos de posición del Parlamento Europeo. No son jurídicamente vinculantes: no pueden imponer sanciones por sí mismas, no pueden ordenar a los gobiernos de los Estados miembros que adopten una política exterior, y no son una determinación judicial de ningún crimen. Su fuerza opera en otros dos planos. En el político, expresan la posición de la única institución de la Unión elegida directamente y ejercen una presión continua sobre la Comisión, el Consejo y los Estados miembros. En el archivístico, entran en el registro oficial de la Unión con números formales de texto adoptado, donde la legislación posterior, las revisiones de sanciones y los intercambios diplomáticos pueden citarlas y de hecho las citan. Esta página ni infla esa fuerza hasta convertirla en ley ni la descarta por no ser ley.

También debe señalarse en la introducción una distinción de redacción, porque es el punto en el que esta página puede leerse más fácilmente de forma errónea. La constatación operativa de la resolución del 9 de junio de 2022 es que las pruebas creíbles relativas a las medidas de prevención de nacimientos y a la separación forzosa de los niños uigures de sus familias equivalen a crímenes de lesa humanidad y representan un grave riesgo de genocidio. El primer extremo es una constatación, en cuanto a los crímenes de lesa humanidad. El segundo extremo es un juicio de riesgo en virtud de la Convención sobre el Genocidio, no una determinación de que se ha producido un genocidio. Las mociones adoptadas por varios parlamentos nacionales, registradas en una página separada de este sitio, fueron más lejos y emplearon el lenguaje de la determinación de genocidio; los dos niveles son diferentes, y esta página los mantiene estrictamente separados. Entender esa única palabra de diferencia es entender tanto la contención como el peso del texto del Parlamento.

2. Antecedentes: de los informes sobre detención masiva a los China Cables

El punto de partida de la línea de resoluciones es la confirmación internacional gradual, desde 2017, de un sistema de detención masiva en Xinjiang. Uigures, kazajos y otras minorías musulmanas fueron enviados en grandes cantidades a los llamados campos de reeducación de Xinjiang; los testimonios de supervivientes, las imágenes por satélite y los documentos oficiales filtrados se acumularon de forma constante. El Gobierno chino negó primero que los campos existieran, y después los redescribió como centros de educación y formación profesional y como medidas lícitas antiterroristas y de desradicalización. En noviembre de 2019, un conjunto de documentos internos conocidos como los China Cables fue publicado por medios internacionales, mostrando que el funcionamiento de los campos era coercitivo y punitivo y que no se correspondía con la descripción pública. Esos documentos fueron el desencadenante directo de la resolución del Parlamento de 2019, y trasladaron el debate sobre la naturaleza de los campos desde las afirmaciones contrapuestas a una cuestión sobre la que podían cotejarse documentos internos.

En paralelo a las resoluciones discurría el historial del premio de derechos humanos del Parlamento. En 2019, el Parlamento Europeo concedió el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia al académico uigur Ilham Tohti. Ilham había defendido durante mucho tiempo, en términos moderados, el entendimiento y el diálogo entre uigures y chinos han; en 2014 fue condenado a cadena perpetua por separatismo. Conceder la más alta distinción de derechos humanos de la Unión a un académico uigur que cumple cadena perpetua en China, en el mismo año que la primera resolución sobre Xinjiang, fue la institución hablando en dos registros a la vez: la resolución registraba su juicio sobre un sistema, el premio registraba su solidaridad con una persona nombrada. La combinación anticipó la forma de escribir posterior de la línea, que une la condena de un sistema con casos nombrados cuya liberación se exige, reapareciendo el nombre de Ilham desde entonces en los textos europeos de derechos humanos sobre China.

En 2020, el foco se amplió al trabajo forzoso. La información periodística de investigación y los estudios de institutos de investigación indicaban que detenidos y personas salidas de los campos estaban siendo trasladadas en grandes cantidades a fábricas dentro y fuera de Xinjiang, y que el algodón, los productos de tomate y la cadena de suministro solar estaban implicados; la cuota de Xinjiang en la producción mundial de algodón convirtió la cuestión en una que llegaba directamente a las cadenas de suministro y los mercados de consumo europeos. El trabajo forzoso cambió el carácter del debate sobre Xinjiang en Europa: ya no era solo una situación de derechos humanos a distancia, sino una cuestión de si las empresas y los consumidores europeos participaban en él sin saberlo. Fue en ese contexto que el Parlamento adoptó su resolución sobre trabajo forzoso en diciembre de 2020, desplazando sus demandas desde la condena hacia las sanciones contra funcionarios y entidades y el escrutinio de las cadenas de suministro, y sentando las bases para la petición, dos años después, de prohibir los productos fabricados con trabajo forzoso.

3. Las resoluciones del 19 de diciembre de 2019 y del 17 de diciembre de 2020

El 19 de diciembre de 2019, el Parlamento Europeo adoptó su resolución sobre Xinjiang, condenando las detenciones masivas a la luz de los China Cables y de la situación de los uigures. Su significación residía en el momento y en las pruebas: adoptada a las pocas semanas de la publicación de los Cables, fue la primera declaración del Parlamento sobre el sistema de detención formulada después de que se filtraran documentos internos, y su condena descansaba en pruebas documentales y no solo en alegaciones externas. La resolución pedía el cierre de los campos y la liberación de las personas detenidas arbitrariamente, y que la Unión adoptara medidas selectivas contra los responsables. En el mismo año, el Parlamento completó la concesión del Premio Sájarov a Ilham Tohti. Ambos registros pertenecen juntos como primera estación de esta línea, y todo debate posterior de la UE sobre Xinjiang ha citado la resolución de 2019 como su texto de partida.

El 17 de diciembre de 2020, el Parlamento adoptó su resolución sobre el trabajo forzoso y la situación de los uigures en Xinjiang, en términos marcadamente más fuertes. Condenó enérgicamente el sistema de trabajo forzoso dirigido por el Gobierno y las detenciones masivas, y exigió sanciones contra los funcionarios y entidades responsables. Dos cambios respecto del texto de 2019 merecen registro. Primero, la resolución nombró el trabajo forzoso como un sistema organizado y dirigido por el Gobierno, y no como una práctica laboral de empleadores individuales, una caracterización que después sustentó el avance de la Unión hacia la prohibición de los productos fabricados con trabajo forzoso. Segundo, dirigió su demanda de sanciones directamente a la maquinaria de inclusión en listas del Consejo, vinculando la posición del Parlamento a un instrumento ejecutivo concreto. Tres meses después, el 22 de marzo de 2021, el Consejo incluyó efectivamente a cuatro funcionarios de Xinjiang y a la Oficina de Seguridad Pública del XPCC en el marco del Régimen Global de Sanciones en materia de Derechos Humanos, un paso registrado en una página separada de este sitio; la distancia entre la demanda parlamentaria y la acción del Consejo en ese intervalo es una parte indispensable para entender cómo las instituciones de la Unión se reparten esta labor.

4. El texto principal: la resolución del 9 de junio de 2022

El 9 de junio de 2022, el Parlamento Europeo adoptó su resolución titulada La situación de los derechos humanos en Xinjiang, incluidos los archivos policiales de Xinjiang, con el número de procedimiento 2022/2700(RSP), y el texto adoptado numerado P9_TA(2022)0237. Su desencadenante inmediato fueron los Xinjiang Police Files, filtrados en mayo de 2022: un conjunto de material que incluía fotografías desde dentro de los campos de detención, instrucciones policiales e información sobre detenidos, publicado por el investigador Adrian Zenz y colaboradores, que por primera vez presentó al público, a gran escala y en imágenes, los rostros, los nombres y el funcionamiento interno del sistema de detención. El debate anterior sobre los campos había girado en torno a la escala y el carácter; los Police Files aportaron material primario desde dentro del propio sistema de seguridad, y el Parlamento escribió los archivos en el propio título de la resolución para señalar su base probatoria. La resolución fue adoptada por una mayoría abrumadora. Conforme a la práctica de las resoluciones de urgencia, no se publicó ningún desglose de la votación, y esta página no registra cifras de voto; cualquier recuento preciso atribuido a esta votación no procede de este registro.

El texto operativo condenó, en los términos más enérgicos, la opresión sistemática de la comunidad uigur, enumerando deportaciones y detenciones masivas, adoctrinamiento político, separación familiar, restricciones a la libertad religiosa, destrucción cultural y vigilancia generalizada. Su constatación central, en el apartado 2, es que las pruebas creíbles relativas a las medidas de prevención de nacimientos y a la separación forzosa de los niños uigures de sus familias equivalen a crímenes de lesa humanidad y representan un grave riesgo de genocidio. La frase está cuidadosamente graduada. Para los crímenes de lesa humanidad emplea el lenguaje de la constatación: las pruebas equivalen a ellos. Para el genocidio emplea el lenguaje del riesgo: un grave riesgo, que es el concepto umbral de la Convención sobre el Genocidio, cuyas partes se comprometen a prevenir además de a sancionar, de modo que una constatación de grave riesgo es precisamente lo que activa el deber de prevenir. La resolución pidió en consecuencia a la Unión y a los Estados miembros que actuaran en virtud de esa Convención. Leído manteniendo separados sus dos extremos, el texto fue más lejos que cualquier documento anterior de la UE, deteniéndose a la vez, deliberadamente, a una palabra de una determinación de genocidio.

Las peticiones operativas de la resolución incluían el cierre de todos los campos, la liberación incondicional de los detenidos, la admisión de observadores independientes en Xinjiang, la acción de la Unión y los Estados miembros en virtud de la Convención sobre el Genocidio, y avances hacia la prohibición de los productos fabricados con trabajo forzoso en el mercado de la UE. También pedía sanciones más amplias contra los funcionarios y entidades implicados en la represión, y protección en los Estados miembros para los uigures en riesgo de devolución. El cumplimiento de esas peticiones ha sido desigual: la lista de sanciones no se amplió como pedía el Parlamento, los observadores independientes nunca han obtenido un acceso sin trabas, pero la prohibición de los productos fabricados con trabajo forzoso se convirtió en legislación formal poco más de dos años después, como registra la sección siguiente. Como texto no vinculante, la resolución de 2022 muestra el funcionamiento típico de su clase: no puede ordenar nada, y sin embargo las constataciones y la lista que dejó escritas se cotejan, punto por punto, en cada pieza posterior de legislación y revisión que toca el tema.

5. Reacciones y seguimiento: de la carta a la Fiscalía al reglamento sobre trabajo forzoso

La reacción de China siguió su fórmula establecida. El Ministerio de Asuntos Exteriores describió la resolución como basada en mentiras y como una injerencia en los asuntos internos de China, reiterando que los asuntos de Xinjiang son puramente un asunto interno de China. La respuesta no abordó punto por punto las alegaciones enumeradas en la resolución sobre detención, separación familiar y prevención de nacimientos, ni la autenticidad de los Xinjiang Police Files, sino que devolvió el argumento al marco de la soberanía y los asuntos internos. Esta página registra ese patrón junto a la resolución, señalando a la vez un hecho: los Police Files en los que se apoyaba la resolución contienen un gran conjunto de material internamente cotejable, y en las respuestas publicadas de China no aparece ninguna refutación pública punto por punto de sus contenidos concretos. La diferencia de granularidad entre ambos textos forma parte del archivo.

Dos líneas de seguimiento merecen ser rastreadas. La primera es judicial. El 15 de septiembre de 2022, treinta y ocho diputados al Parlamento Europeo escribieron conjuntamente a Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, pidiéndole que abriera una investigación sobre la situación en Xinjiang. La carta fue una acción de los diputados en su propio nombre, no una resolución parlamentaria, y sus perspectivas jurídicas tropiezan con el obstáculo jurisdiccional de que China no es parte del estatuto de la Corte; a fecha de noviembre de 2026 no existe registro público de que el fiscal haya abierto tal investigación. La segunda línea es legislativa. En diciembre de 2024 se adoptó el Reglamento de la UE sobre trabajo forzoso, que prohíbe los productos fabricados con trabajo forzoso en el mercado de la Unión; según el texto adoptado por el Consejo en noviembre de 2024, se aplicará plenamente desde finales de 2027. Desde la resolución de 2020 que condenaba el sistema de trabajo forzoso, pasando por la petición de prohibición de productos de la resolución de 2022, hasta el reglamento de 2024, esta línea muestra en su totalidad cómo una resolución parlamentaria se convierte, con los años, en derecho vinculante, y marca por contraste las partes de las demandas del Parlamento que siguen sin cumplirse.

6. Estado más reciente: los límites de la línea a fecha de 2026

A fecha de la última revisión de esta página, en noviembre de 2026, el estado de la línea de resoluciones puede enunciarse en tres frases. Primero, los textos se mantienen íntegros: las resoluciones de 2019, 2020 y 2022 permanecen en el archivo oficial del Parlamento con sus números de texto adoptado, y la constatación de 2022 de crímenes de lesa humanidad y de un grave riesgo de genocidio nunca ha sido retirada ni modificada por el Parlamento. Segundo, el cumplimiento es desigual: el Reglamento sobre trabajo forzoso es ley y está previsto que se aplique plenamente desde finales de 2027, el aterrizaje más sustancial de cualquiera de las peticiones de las resoluciones; las peticiones de sanciones ampliadas, cierre de los campos, liberación incondicional de los detenidos y acceso de observadores independientes no tienen registro público de cumplimiento. Tercero, la situación misma no muestra ningún cambio fundamental verificable públicamente: los casos nombrados cuya liberación exigen las resoluciones, entre ellos Ilham Tohti, no tienen registro público de liberación a fecha de la revisión.

Los límites deben escribirse con claridad. Las resoluciones del Parlamento Europeo no son jurídicamente vinculantes; el Consejo nunca estuvo obligado a ejecutar las peticiones del Parlamento punto por punto, y los gobiernos de los Estados miembros no alteraron por ellas sus caracterizaciones oficiales de genocidio. Tras la resolución de 2022, ningún gobierno de un Estado miembro de la UE la siguió con una determinación de que se ha producido un genocidio, lo que es lógicamente coherente con que la propia resolución escribiera solo de un grave riesgo. Esta página sitúa ese límite junto al lenguaje severo de las resoluciones para que los lectores ponderen la línea con exactitud: es la caracterización escrita más severa de la situación de Xinjiang por una institución europea electa, un documento de posición que la legislación y la diplomacia siguen citando, y sigue siendo, en definitiva, un documento de posición, cada una de cuyas frases necesita que otras instituciones la recojan antes de que pueda convertirse en un hecho sobre el terreno. El archivo se detiene ahí, sin inflar nada para ninguna de las partes.

7. Índice de documentos y procedimiento

Los documentos oficiales centrales son los siguientes. Primero, la resolución del Parlamento Europeo del 19 de diciembre de 2019 sobre Xinjiang, que condenaba la detención masiva a la luz de los China Cables, junto con el registro de 2019 del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia concedido a Ilham Tohti. Segundo, la resolución del Parlamento Europeo del 17 de diciembre de 2020 sobre el trabajo forzoso y la situación de los uigures en Xinjiang, que exigía sanciones contra los funcionarios y entidades responsables. Tercero, la resolución del Parlamento Europeo del 9 de junio de 2022, La situación de los derechos humanos en Xinjiang, incluidos los archivos policiales de Xinjiang, procedimiento 2022/2700(RSP), texto adoptado P9_TA(2022)0237, cuya constatación central es la de crímenes de lesa humanidad y un grave riesgo de genocidio; fue adoptada por una mayoría abrumadora sin desglose publicado de los votos. Cuarto, los documentos de seguimiento: la carta conjunta de treinta y ocho eurodiputados al fiscal de la Corte Penal Internacional del 15 de septiembre de 2022, y el Reglamento de la UE sobre trabajo forzoso, adoptado en diciembre de 2024 según el texto adoptado por el Consejo en noviembre de 2024 y aplicable plenamente desde finales de 2027. Quinto, a modo de referencia, las inclusiones del Consejo relativas a China del 22 de marzo de 2021, registradas en una página separada de este sitio. Los textos adoptados por el Parlamento y el Diario Oficial son los autorizados.

8. Nota de verificación

Las fechas y los números de esta página siguen el registro fáctico verificado: la resolución de 2019 está fechada el 19 de diciembre de 2019, la de 2020 el 17 de diciembre de 2020, y la de 2022 el 9 de junio de 2022, con el procedimiento 2022/2700(RSP) y el texto adoptado P9_TA(2022)0237. La constatación de 2022 se reproduce en todo momento como crímenes de lesa humanidad más un grave riesgo de genocidio y en ningún lugar se eleva a una determinación de que se ha producido un genocidio. No se publicó ningún desglose de la votación del 9 de junio de 2022; esta página registra solo la adopción por una mayoría abrumadora y no da cifras de voto. La carta de los treinta y ocho diputados está fechada el 15 de septiembre de 2022. Las fechas de adopción y aplicación del Reglamento sobre trabajo forzoso se enuncian sobre la base del texto adoptado por el Consejo en noviembre de 2024. La ausencia de una investigación de la CPI se formula como ausencia de un registro público, no como un rechazo formal. Ninguna cita supera las cincuenta palabras.

Comentario de este sitio

El valor de esta línea de resoluciones no es que cambiara nada en Xinjiang, sino que muestra a una institución electa revisando su lenguaje paso a paso a medida que crecían las pruebas. En 2019 tenía los China Cables, y condenó la detención. En 2020 las investigaciones sobre las cadenas de suministro habían tomado forma, y añadió un sistema de trabajo forzoso dirigido por el Gobierno. En 2022, los Xinjiang Police Files pusieron sobre la mesa las fotografías internas y las listas de los campos, y escribió crímenes de lesa humanidad y grave riesgo. Cada escalada de redacción responde a un conjunto concreto de pruebas nuevas, lo que la distingue tanto de la retórica inflada de la nada como del vocabulario permanente de la preocupación. En el punto decisivo también mantuvo su disciplina: el riesgo es riesgo, y se negó a escribir una determinación judicial que no se ha producido para ganar un titular. Esa contención es lo que hace el texto difícil de refutar; las respuestas de China hasta hoy repiten solo que las resoluciones se basan en mentiras, sin identificar una frase que se adelante a las pruebas que cita. Las resoluciones parlamentarias no tienen fuerza jurídica, y esta página lo dice; pero una constatación formal que sobrevive a una comprobación línea por línea será citada en reglamentos, revisiones de sanciones y escritos judiciales durante años, y eso también es un hecho.

9. Registro complementario: la graduación del lenguaje, y la línea parlamentaria separada sobre el genocidio

Los textos de esta página se confunden con mayor frecuencia con un conjunto diferente de registros, la línea de determinaciones parlamentarias nacionales de genocidio sobre Xinjiang, que este sitio registra en una página separada; la graduación necesaria se expone aquí. El Gobierno de Estados Unidos efectuó en 2021 una determinación ejecutiva de genocidio y crímenes de lesa humanidad, que es una determinación gubernamental, no una moción parlamentaria, y se sitúa en el nivel más alto. Los parlamentos de Canadá, los Países Bajos, el Reino Unido, Lituania, la República Checa y Francia adoptaron a su vez mociones o resoluciones empleando el lenguaje de la determinación de genocidio, todas ellas no vinculantes, y en ningún caso el gobierno afectado la siguió con una determinación formal propia. El texto final en pleno de la Cámara belga se detuvo, como la resolución del Parlamento Europeo de 2022, en crímenes de lesa humanidad más un grave riesgo de genocidio. El Senado australiano rechazó una moción de genocidio sobre Xinjiang, y el Parlamento de Nueva Zelanda diluyó la redacción de su moción hasta abusos graves de derechos humanos. Situada en esa compañía, la resolución del Parlamento Europeo de 2022 se encuentra hacia el extremo severo del centro: determinó crímenes de lesa humanidad, y en cuanto al genocidio juzgó solo el riesgo.

La palabra riesgo no es jurídicamente ligera, y la razón pertenece a este registro. El artículo I de la Convención sobre el Genocidio obliga a sus partes a prevenir además de a sancionar, y el deber de prevenir no espera a que el genocidio se complete; se activa ante un grave riesgo. La Corte Internacional de Justicia ha confirmado que, una vez que un Estado conoce, o debería normalmente haber conocido, un grave riesgo, nace el deber de prevención, cuya diligencia se mide por la capacidad de influencia del Estado. La resolución del Parlamento Europeo de 2022, invocando la Convención y escribiendo de un grave riesgo, planteó deliberadamente su argumento en el deber de prevenir: no necesitaba probar un genocidio consumado para exigir acción a la Unión y a los Estados miembros. Por eso el texto puede parecer contenido en su redacción y a la vez intransigente en su referencia jurídica. Esta página registra la graduación no para abogar por ningún texto, sino porque un archivo que escribiera el riesgo como determinación, o las mociones como política gubernamental, dejaría a los lectores posteriores sin poder saber lo que cualquiera de estos documentos pesaba realmente.

Una nota final sobre cómo esta línea conecta con el registro europeo más amplio. Las resoluciones del Parlamento sobre Xinjiang nunca están solas: a la resolución de 2019 la siguieron las inclusiones del Consejo relativas a China de 2021, a la de 2020 la apertura de la legislación sobre trabajo forzoso, y a la de 2022 la carta de los diputados al fiscal de la CPI y la adopción del Reglamento sobre trabajo forzoso. Los documentos de comercio y cadenas de suministro de la Comisión y las declaraciones del Servicio de Acción Exterior en el diálogo de derechos humanos han citado la caracterización del Parlamento sobre Xinjiang como punto de referencia interinstitucional. La vía real de propagación de la línea discurre así desde el texto parlamentario hacia los expedientes ejecutivos, hacia los debates de los Estados miembros y la información de terceros países, asentándose en un marco fáctico compartido entre instituciones. Por eso esta página registra tres resoluciones como una sola línea: cualquier texto por separado es una declaración no vinculante, pero juntos son la posición formal que las instituciones europeas pasaron seis años componiendo. Toda resolución futura sobre Xinjiang se añadirá aquí por año, con su lenguaje comparado punto por punto con las constataciones de 2022.

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